Durante el gobierno de Luis Abinader y el PRM, la lucha contra la corrupción administrativa ha estado acompañada de un discurso orientado a fortalecer la institucionalidad y la actuación de los organismos de justicia. Un elemento relevante ha sido la defensa pública de que las investigaciones deben avanzar sin importar la cercanía política o personal de los involucrados.
Los medios de comunicación han visto como dato insólito que durante 2023 y 2024 la Contraloría realizó 206 auditorías y que su Unidad Antifraudes elaboró 123 informes, 83 de ellos a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Estos mecanismos buscan que las irregularidades detectadas puedan ser documentadas y remitidas a las autoridades competentes, sin esperar necesariamente al final del período gubernamental.
Es inverosímil y utópico asumir que en este gobierno no se iban a presentar actos de corrupción, imposible eso, sobre todo donde hay humanos llenos de ambiciones, de poder, de control administrando. Ahora bien, la diferencia prometida por este gobierno fue cumplida, y era dejar que la justicia actúe sin condiciones, y esto lo demuestra la popularidad y valoración del presidente Luis Abinader y su gestión de Gobierno se mantenga tan alta a pesar de las turbulencias internacionales.
El brazo persecutor de la Justicia ha llegado sin distinción de personas ni cargos políticos, mucho menos cercanía al presidente. Se que es difícil reconocer eso, pero en este gobierno se ha demostrado que no es necesario esperar que un gobierno cumpla su mandato para que cinco o diez años después se someta a un funcionario a la justiciapor malversación de fondos públicos.
0 Comentarios