06/08/2014 02:44 PM - Redacción
El Tribunal Superior Administrativo conocerá el próximo viernes el amparo preventivo en contra de la Dirección General de Aduanas, por el anuncio del cobro a las compras por internet inferior a US$200, que entrará en vigencia este 15 de agosto.
La información la dio a conocer este miércoles la Fundación Justicia y Transparencia, que sometió el recurso conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico.
A través de una nota de prensa, la entidad señala que la acción constitucional de amparo en contra de Aduanas, estará dirigida a impedir la conculcación y violación de varias disposiciones legales, incluyendo la Constitución y tratados internacionales.
“ La FJT, ante la inminente y decidida voluntad política del gobierno dominicano de violentar la institucionalidad, adelantó que llevará este caso hasta las últimas consecuencias, enrumbando al gobierno por el camino de la legalidad, procurando para casos como el ocurrente las vías constitucionales, como lo sería un decreto derogando el 402-05, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de un Ministro o de un Director General”, agrega la nota.
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La información la dio a conocer este miércoles la Fundación Justicia y Transparencia, que sometió el recurso conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico.
A través de una nota de prensa, la entidad señala que la acción constitucional de amparo en contra de Aduanas, estará dirigida a impedir la conculcación y violación de varias disposiciones legales, incluyendo la Constitución y tratados internacionales.
“ La FJT, ante la inminente y decidida voluntad política del gobierno dominicano de violentar la institucionalidad, adelantó que llevará este caso hasta las últimas consecuencias, enrumbando al gobierno por el camino de la legalidad, procurando para casos como el ocurrente las vías constitucionales, como lo sería un decreto derogando el 402-05, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de un Ministro o de un Director General”, agrega la nota.
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