El ayuntamiento de Vicente Noble, que empezó pidiendo US$300,000 dólares de manera verbal, ahora pide más de US$600,000, cuando la empresa entiende que el monto no debería superar los US$30,000
Emerald Solar Energy no puede avanzar con las obras del Parque Solar Canoa, un proyecto de 40 millones de dólares ubicado en el distrito de Canoa, en el municipio de Vicente Noble, en la provincia de Barahona, porque el ayuntamiento las tiene detenidas ante la falta de entendimiento para acordar el monto del arbitrio que corresponde al proyecto.
Las obras fueron inauguradas en marzo pasado con la presencia del Presidente de la República, Danilo Medina, y de las principales autoridades del sector energético en el país. Es un proyecto que pertenece al Plan de Renovables de la Presidencia de la República, ejecutado a través de la CDEEE, que es considerado una prioridad nacional para el actual gobierno.
Desde que surgió el conflicto, en marzo-abril, la empresa ha manifestado en todo momento su deseo de cumplir con el trámite de arbitrios, y así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones por escrito. Pero el monto que ha fijado el ayuntamiento, asesorado por un ingeniero de la Federación Dominicana de Distritos Municipales que se hizo presente luego del inicio de las obras, ha conducido a un desacuerdo por considerarlo excesivo y sin precedentes. El alcalde justificó la incursión de dicha persona diciendo que en la alcaldía no entendían de ese tipo de arbitrios.
Fernando Joffre, Gerente de Emerald Solar Energy, explicó que primero pidieron, siempre de forma verbal, US$300,000. “Nos pareció excesivo y pedimos que lo pusieran por escrito acompañado del debido sustento. Nosotros estamos sometidos a estrictas normas de inversión y desembolsos en nuestro país que nos afectan a nivel internacional y no podemos hacer transacciones de este tipo sin el debido sustento legal”, explicó el ejecutivo.
Nunca recibieron lo solicitado hasta que, a finales de junio, les fue entregado un formulario de pago en el que la suma inicial había ascendido hasta más de US$600,000. “El ayuntamiento había establecido el 5% del valor del terreno a precio comercial. Eso planteaba un arbitrio por tal concepto de unos 18,000 dólares. El de construcción no le corresponde fijarlo al cabildo, sino al Ministerio de Obras Públicas, y la ley dice que equivale al 2.5 por mil del valor de construcción, que en nuestro caso es de unos US$2 millones. Esto nos llevaba a un monto de unos US$5,000, para un total de US$23,000 que llevamos a US$30,000 porque hablábamos de estimados”, dijo Joffre.
El caso ha llegado a los tribunales de Barahona y la empresa espera que se haga justicia. “Tienen nuestros planos secuestrados y no podemos continuar otros procesos en otros estamentos públicos porque dicen que no nos los van a entregar hasta que paguemos los arbitrios abusivos que nos han fijado sin el debido sustento”.
