El Procurador anunció que solicitaría al Presidente la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura.
SANTO DOMINGO. El sistema judicial no termina positivo el año 2015. Ya en abril había un enfrentamiento entre las altas instancias sobre el castigo a la corrupción. Y para noviembre, se dio a conocer que el procurador, Francisco Domínguez Brito, denunció ante el Consejo del Poder Judicial, que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades de vinculados al crimen organizado.
La instancia no era voluminosa; tenía 15 páginas. Incluía en la alegada estructura a los magistrados Awilda Reyes Beltré, José Duvergé Mejía, Delio Germán Figueroa, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
La jueza Reyes ha acaparado una mayor atención de la prensa, luego de que en el documento se le acusara de que, en base a extorsión, benefició con una orden de libertad al regidor del municipio de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís (Ney), imputado de supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, secuestros y asesinatos.
También, de que dio una garantía económica en un caso de 40.12 kilogramos de cocaína, y ordenó devolver un avión del fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y US$20 millones a favor de Prado Universal Corp., propiedad del español Arturo del Tiempo.
Se acusó a la jueza de haber firmado un documento que la inculpaba en la recepción de dinero. Fue interrogada y su casa allanada. A la prensa le aseguró que las pruebas en su contra son falsas, poniendo en entredicho las aseveraciones contrarias dadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Dentro del entramado, Participación Ciudadana denunció que el exprocurador Radhamés Jiménez fue quien supuestamente ordenó a Reyes dejar en libertad al regidor y devolver los US$20 millones.
En su afán de enderezar la situación judicial, el procurador anunció que solicitaría al presidente Danilo Medina la urgente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura.
Mientras prepara una propuesta sobre su planteamiento, noviembre siguió con más decisiones negativas. A pocos días para terminarse el mes, el Consejo del Poder Judicial dispuso enviar a un juicio disciplinario a un juez de la Instrucción de Constanza, acusado de alegadas faltas graves.
El No Ha Lugar que Félix Bautista celebró dos veces
El cuestionado senador Félix Bautista celebró dos veces este año el No Ha Lugar.
El 27 de marzo, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ, Alejandro Moscoso, dictó un auto de No Ha Lugar a su favor y otras seis personas, acusadas junto al legislador de supuesta corrupción y lavado de activos en contra del Estado, generando críticas a la justicia y protestas de grupos sociales. El 21 de octubre el No Ha Lugar fue ratificado por la SCJ.
El Procurador calificó la decisión como “nefasta y un duro golpe a la lucha contra la impunidad”.
El 27 de marzo, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ, Alejandro Moscoso, dictó un auto de No Ha Lugar a su favor y otras seis personas, acusadas junto al legislador de supuesta corrupción y lavado de activos en contra del Estado, generando críticas a la justicia y protestas de grupos sociales. El 21 de octubre el No Ha Lugar fue ratificado por la SCJ.
El Procurador calificó la decisión como “nefasta y un duro golpe a la lucha contra la impunidad”.
Choque entre altas instancias
El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, fueron titulares en la prensa en abril al enfrentar sus opiniones luego de que el primero asegurara que la Justicia no castiga con contundencia la corrupción. “El máximo representante del Ministerio Público ha desconocido que él participó como parte en los procesos que le han servido de causa para provocar sus irreflexiones públicas”, reclamó Germán.
“Sorpresiva” fuga desde RD a Francia
A solicitud del Procurador, el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, emitió una orden de arresto contra tres franceses, incluyendo un eurodiputado, quienes a través de medios de comunicación en Francia, admitieron su participación para perpetrar la huida del país a finales de octubre, de los pilotos galos Pascal Fauret Bruno y Armand Víctor Odos, condenados a 20 años de prisión por narcotráfico.
¿Sicariato en el transporte?
A finales de noviembre se impuso un año de prisión preventiva contra el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, a quien la Fiscalía implica en una red de sicariato, a la que se le atribuye el asesinato de transportistas y lavado de activos. Al sindicalista se acusa de ser cabecilla de un grupo que ejecuta transportistas por conflictos en distintas rutas del transporte público.
Visitas del Embajador de Estados Unidos
El embajador James Brewster se reunió en varias ocasiones con el procurador Domínguez Brito, motivando que sectores cuestionaran las razones. El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Nelson Arroyo, instó a principios de noviembre a que el procurador informar al país lo tratado y afirmó que su silencio dejaba entrever que los Estados Unidos está “bajando líneas” sobre cómo actuar en casos de interés nacional.
Sigue proceso contra el Banco Peravia
La Fiscalía del Distrito Nacional vinculó este año al venezolano José Luis Santoro, uno de los principales propietarios del quebrado Banco Peravia, con el narcotráfico y el lavado de activos. En su petición de extradición, formulada por ante el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, sostuvo que más del 75 % de los préstamos que emitía el banco eran fraudulentos, para los imputados beneficiarse.
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