Por
Luis José Chávez
La declarada intención del ingeniero Miguel Vargas de mantenerse
en la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano más allá del
próximo 19 de julio, cuando concluye su período institucional de cuatro
años, representa una amenaza no solo contra la institucionalidad democrática
del PRD, sino contra todo el sistema político de la República Dominicana,
habida cuenta de que esta organización ha sido la plataforma social
de los más importantes avances democráticos que ha registrado el país
en las últimas décadas.
El intento de autogolpe en el PRD, alentado tal vez por
el andamiaje jurídico electoral constituido mediante acuerdo por Miguel
Vargas y Leonel Fernández, plantea la gran paradoja de si el partido
que hizo posible la construcción de la democracia en la vida nacional,
pudiera preservar la suya, evitando reducirse al tamaño de su actual
”jefe supremo” para sumarse como grupo bisagra al proyecto de Partido
Único que representa el PLD gobernante.
En la cultura democrática se estila que la mayoría siempre
tiene la última palabra, pero en el actual conflicto del PRD, por lo
menos hasta el próximo 19 de julio, el aparato jurídico controlado
por Leonel-Miguel ha logrado superponerse a los organismos de dirección
y a la autonomía partidaria para decidir desde fuera la legalidad de
los actos del Partido, siempre en beneficio de una minoría cada
vez menos representativa.
Resulta inconcebible, o por lo menos muy raro, encontrar en un escenario
democrático auténtico un caso donde el principal dirigente intente
ejercer su liderazgo bajo un fuerte cuestionamiento, contra la
voluntad ostensible de la mayoría, o más allá del plazo institucional
que se le haya otorgado.
Esto lo explica de manera simple el cientista social Giovani Sartori
cuando apunta que “en la democracia el poder está legitimado, además
de condicionado y revocado, por elecciones libres y recurrentes. No
se aceptan auto investiduras, ni tampoco que el poder derive de la fuerza”.
Miguel Vargas no solo ha perdido
el apoyo mayoritario de las bases partidarias, que él mismo en algún
momento cuantificó en más de un 95 por ciento, sino también
de sus principales y más estrechos colaboradores, quedándose prácticamente
aislado, con la adhesión de un pequeño núcleo de dirigentes vinculados
a él por lealtades personales, por ventajas inmediatas o
por antagonismos con otros líderes o sectores del Partido.
Sin embargo, la suerte del actual presidente del PRD ya está
marcada por una tendencia prácticamente irreversible, como es la creciente
voluntad de la mayoría de los perredeistas de buscar una salida por
encima de los conflictos personales o de intereses que han creado
el actual impasse. Sin la excusa formal de que “Miguel es el presidente
legal”, será imposible contener una solución basada en la voluntad
de la mayoría, salvo que se incurra en la insensatez de colmar la paciencia
de la mitad del país representado por el PRD, algo muy parecido a
jugar con fuego.
La certificación de la JCE
La Junta Central Electoral (JCE) certificó que el período para
el cual fue electa la actual
dirección del PRD vence el próximo 19
de julio, incluyendo a su presidente, Miguel Vargas Maldonado. El secretario
general de la JCE, doctor Hilario Espiñeira Ceballos, en comunicación
con fecha 28 de enero de 2013, certifica que el acta de la XXVII Convención
Nacional del PRD establece que las autoridades electas tendrían vigencia
hasta julio de este año. Esa certificación ha sido validada por
el presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario
En este trance Miguel Vargas tiene aún la opción de asumir un gesto
de racionalidad política y erigirse en actor clave para
una solución institucional pactada, evitando los daños comunes de
una confrontación prolongada más allá del 19 de julio, cuando la
base de apoyo de su posición entraría en una fase deterioro
progresivo en la medida en que se constituya en una amenaza contra las
futuras aspiraciones de sus propios colaboradores, que probablemente
se resistirán a acompañarlo hasta el impacto final de su eventual
haraquiri.
Julio 2013
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