AI: Sin voluntad no habrá avances en derechos humanos

Por JHONNY TRINIDAD

Chiara Liguori, investigadora de AI sobre la República Dominicana.

SANTO DOMINGO.- Amnistía Internacional (AI) calificó como "un avance importante" el proyecto de Ley Orgánica de la Policía sometido al Congreso por el presidente Danilo Medina, sin embargo, advirtió que  "se requiere más trabajo para que esa institución respete los derechos humanos".
Entre los aspectos positivos del nuevo proyecto de ley, la delegación de AI, que recientemen visitó la República Dominicana, donde se reunió con autoridades del Gobierno  y representantes de la sociedad civil, destacó el establecimiento de normas del uso de la fuerza y de las armas de fuego en línea con estándares internacionales y el fortalecimiento de mecanismos de control y de rendición de cuentas de la Policía.

El proyecto de ley, no obstante, "no establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos ni la responsabilidad civil de la Policía como institución, por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes".

“La única forma de garantizar que la reforma de la Policía sea efectiva y duradera es asegurando que existe la voluntad política para llevar a cabo los cambios necesarios en el corto, medio y largo plazo, con una participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones,” dijo en un documento Chiara Liguori, de AI, quien encabezó una investigación sobre la República Dominicana.

Agrega que “la primera prueba de esta voluntad será la organización de audiencias públicas en el Congreso, para que la sociedad civil pueda asegurarse que los avances que tiene este proyecto de ley sean mantenidos y que los aspectos problemáticos sean modificados.”
La delegación de AI dijo, además, que "es preocupante que el Plan Nacional de Seguridad se esté elaborando sin consultar a las organizaciones locales de derechos humanos".

“Para que el Plan Nacional de Seguridad sea efectivo es imprescindible que se elabore a partir de un diagnóstico claro, que tenga objetivos bien definidos y que no se enfoque exclusivamente en la represión del crimen, sino que tenga en cuenta las causas de la inseguridad,” dijo Liguori, quien también habló del nombramiento, el 15 de mayo, del Defensor del Pueblo.

En ese sentido, lamentó que las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección de dicho funcionario hayan causado cuestionamientos sobre la credibilidad de la nueva institución.
“La nueva oficina del Defensor del Pueblo tiene la responsabilidad de ganarse la confianza de la población, ejerciendo su papel de promoción y protección de los derechos humanos en conformidad con la ley y la constitución,” dijo.